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Durante 2020, los gobiernos locales tuvieron asignados 86.1 mmdp del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM), mismos que les fueron ministrados para la ejecución de proyectos que benefician a la población con mayor rezago, marginación y pobreza. Al finalizar el año, la Secretaría de Bienestar autorizó 85.1 mil proyectos que comprometieron el 71.2 por ciento de los recursos del fondo, de los cuales los ayuntamientos de Chiapas y Veracruz fueron los que contaron con más recursos asignados, el mayor número de proyectos aprobados y, junto con los ayuntamientos de Sonora y Chihuahua, presentaron las tasas de conclusión de proyectos más altas. En contraste, las alcaldías de la Ciudad de México concluyeron menos del 1.0 por ciento de sus proyectos de infraestructura social.
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En la versión 2021 del Índice de Transparencia del Gasto en Salud (ITGSEF), de las Entidades Federativas, el promedio nacional se colocó en 52.36 puntos. El promedio obtenido se colocó por arriba del alcanzado en 2020 en 2.13 puntos, situación, aunque positiva, no fue suficiente para recuperar los puntos perdidos el año anterior respecto a 2019 cuando se alcanzó un promedio de 58.15 puntos. En la versión 2021 del ITGSEF, sólo 5 entidades obtuvieron más de 80.0 puntos. En tanto que en la parte baja de la tabla con menos de 30.0 puntos: Guerrero, Baja California, Tabasco y Campeche.
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La recaudación del impuesto predial constituye una importante fuente de ingresos directos para los municipios, además de ser un componente utilizado para el cálculo en la distribución de varios de los fondos del Ramo 28. En el periodo 2015-2019 la recaudación de predial creció a una tasa real promedio anual de 2.1 por ciento; mientras que, para 2020, aregional estima un crecimiento de 2.0 por ciento, alcanzando los 62,700.2 mdp, cifra que representa tan sólo el 0.3 por ciento de Producto Interno Bruto, manteniéndose como la más baja de entre los países que integran la OCDE, la cual es de 1.9 por ciento del PIB promedio de la organización.
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El promedio de las 32 entidades federativas del RVFE con datos al tercer trimestre de 2020, fue de 51.1 puntos, que de acuerdo con el criterio de evaluación es un puntaje poco satisfactorio a nivel general, reflejo de la crisis económica que se sufre por la pandemia del COVID-19. Estos resultados son reflejo de la caída de los ingresos de los estados, debido a que en la mayoría de los estados hubo una importante reducción de la actividad económica, así como por la disminución de las Participaciones Federales, la cuales representan en promedio el 75.0 por ciento de los Ingresos Disponibles de las entidades.
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A nivel estatal, se estiman que la recaudación promedio para 2021 represente el 12.2 por ciento de los ingresos totales, lo que muestra una elevada dependencia de los recursos provenientes de la Federación. La sólida capacidad para generar ingresos propios de la Ciudad de México, Quintana Roo y Chihuahua, los ubica en los primeros lugares a nivel estatal. En contraste, los estados que presentan una baja capacidad para generar ingresos propios son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Tlaxcala, entidades que en promedio, generarán menos del 5.0 por ciento de los ingresos totales.
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El promedio nacional obtenido en el Índice de Transparencia del Gasto Social de las Entidades Federativas 2020 se colocó en 58.23 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos posibles. Con el resultado alcanzado queda de manifiesto la falta de transparencia generalizada que se tiene en los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en la información sobre el ejercicio del gasto público.
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De acuerdo con la revisión de la información publicada por 12 entidades federativas que concentran cerca del 45 por ciento de la población del país, a septiembre de 2020 se crearon 10,094 plazas en el Sector Salud y 38,981 plazas por honorarios, financiadas con los recursos del FASSA, incrementos principalmente motivados por la emergencia sanitaria por Covid-19.